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Procuraduría General formuló cargos contra ex alcalde de Abejorral

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Por presuntas irregularidades en el contrato para seleccionar al gerente del Hospital San Juan de Dios para el periodo 2016 – 2020, la procuraduría formuló cargos contra cuatro miembros de la junta directiva de ese centro asistencial.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Abejorral, Antioquia, Mario de Jesús Gutiérrez Guzmán, (2016-2019), en su condición de presidente de la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios, Empresa Social del Estado (E.S.E.), por presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios para seleccionar al gerente de esta institución para el periodo 2016 – 2020. 

La decisión del ente de control también cobija a la exsecretaria de Salud, Lina Marcela González Casas; a la directora Administrativa, Liceth Clarena Escobar Morales; y a la médico general, Támara Lili Velázquez Martínez, en su condición de miembros de la Junta Directiva de la empresa.   

Al parecer, el entonces mandatario y los demás miembros de la junta directiva aprobaron con su voto la suspensión por 30 días del contrato suscrito entre la ESE y la Universidad de Medellín para realizar el concurso público de méritos que permitiría la conformación de la lista de elegibles. 

Dicha suspensión habría sido prorrogada en dos oportunidades, y tras haber sido levantada para continuar la ejecución contractual, Gutiérrez Guzmán, González Casas, Escobar Morales y Velázquez Martínez, habrían declarado desierto el concurso de méritos y procedido a realizar el nombramiento del gerente.  

Para el Ministerio Público con esta supuesta actuación los implicados pudieron incumplir la Ley 1797 de 2016 que señala que “(…) Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley se encuentran en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento del gerente o director recaerá en el integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar (…)”. 

La Procuraduría Provincial de Rionegro calificó, provisionalmente, la presunta falta de los miembros de la junta directiva como grave cometida con culpa grave. 

En ejercicio del derecho a la defensa que les asiste, los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar pruebas, si lo estiman pertinente. 

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